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Una mujer de Concepción del Uruguay fue inducida a realizar inversiones, vender activos y solicitar millonarios préstamos bancarios. Por Gonzalo Núñez Una mujer de Concepción del Uruguay perdió más de 64.000 dólares tras ser inducida a realizar inversiones, vender activos y solicitar millonarios préstamos bancarios. Tras desencadenarse un conflicto de competencia territorial, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná determinó qué tribunal deberá investigar el hecho.
La trama que habría perjudicado a M.J.O.G., de Concepción del Uruguay, comenzó a partir de una publicidad de la plataforma de trading “Libertex” en Facebook. Se trata de una plataforma que opera con cripotomonedas , divisas, materias primas y acciones. La propuesta promocionaba inversiones automatizadas sin necesidad de conocimientos financieros previos. Atraída por la oferta, la denunciante creó una cuenta e ingresó sus datos personales.
Tras ello, comenzó a recibir llamados de personas que se presentaban como operadores y asesores de “Libertex”, identificados como “C. J.” y “D.”. Siguiendo sus indicaciones directas, descargó las aplicaciones Libertex, Belo y Fiwind, comenzando a efectuar depósitos e inversiones. En su denuncia refirió que no realizó operación alguna sin el asesoramiento de aquéllos, quienes le indicaban telefónicamente cómo transferir los fondos, utilizar las aplicaciones y configurar las operaciones.
Las primeras inversiones arrojaron resultados favorables, lo que generó confianza y permitió que los operadores la convencieran de incrementar los montos invertidos. Primero utilizó fondos de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Posteriormente, por recomendación de los supuestos asesores, vendió acciones y bonos que poseía en otras plataformas para destinar esos recursos a “Libertex”. Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares.
Sin embargo, las operaciones recomendadas comenzaron a generar importantes pérdidas hasta comprometer la totalidad de sus ahorros. Ante esa situación, los presuntos operadores le indicaron que debía ingresar nuevos fondos para evitar el cierre de las operaciones y la pérdida del dinero invertido. Bajo la expectativa de recuperar su capital, la damnificada obtuvo un préstamo de 16.000.000 pesos en el Banco Santander y otro de 11.500.000 pesos en el Banco Nación, transfiriendo la totalidad a la plataforma.
Asimismo, denunció que en su cuenta se ejecutaron operaciones, aumentos de márgenes, apalancamiento y otras funciones que desconocía y no había autorizado. Luego de perder los fondos realizó reclamos ante “Libertex” sin obtener solución. En su denuncia, sostuvo que mediante engaño y manipulación los “operadores” captaron fondos de su propiedad para supuestas inversiones por una suma superior a 64.000 dólares, para simular pérdidas y desapoderarla de sus ahorros.
El 27 de agosto de 2025, la víctima se presentó con su abogado y formalizó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Victoria por la posible comisión de los delitos de estafa e intermediación financiera no autorizada. En la presentación, entendió que la operatoria configuraría una captación no autorizada subsumible en el artículo 310 del Código Penal vinculada a la estafa (art. 172 CP).
En esa misma fecha, el Ministerio Público Fiscal comunicó al Juez Federal de Victoria la denuncia sosteniendo que el hecho podría constituir delito federal. Asimismo, postuló la incompetencia territorial del juzgado ya que la infracción se habría cometido en Concepción del Uruguay, donde reside la denunciante.
LEER MÁS: Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando El juez federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, declaró la incompetencia territorial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del subrogante Hernán Viri.
Sostuvo que si bien los hechos corresponden a la competencia material del fuero federal, ocurrieron en Concepción del Uruguay, donde la víctima fijó domicilio procesal y se efectuaron los movimientos bancarios y préstamos en los bancos Santander y Nación. Por su parte, el juez federal Viri, señaló que la causa fue remitida en razón del domicilio y préstamos realizados en sucursales de dicha ciudad.
Así, el 12 de agosto de este año, el Juzgado Federal de Victoria dispuso declarar trabada la cuestión de competencia negativa con el Juzgado de Concepción del Uruguay. Finalmente, el 10 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, con la firma de la jueza Cintia Gómez, resolvió dirimir el conflicto negativo declarando la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay para entender en las actuaciones.
