Delta
Claves
- La modalidad se habría desplegado en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, en el primer recinto entre los años 2008-2018; y en el segundo, en el período 2011-2018.
- Se imputan los delitos de Peculado, Asociación ilícita e Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado.
- La de este miércoles fue el cierre de la etapa en la que las partes acuerdan la evidencia a producir como prueba en el futuro juicio.
Después de ocho años de un complejo y disputado proceso, la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió rechazar casi todos los planteos de sobreseimiento, nulidades procesales y exclusión de evidencia documental y testimonial, entre otros, y remitió el legajo que investiga un millonario desfalco al erario público durante 10 años en la Legislatura entrerriana.
Este miércoles se cerró una etapa importante en el largo proceso que busca determinar la responsabilidad de los 18 imputados que quedan de los 32 iniciales, que comenzaron a ser investigados en la causa que busca aclarar el presunto desfalco a las arcas del Estado en la modalidad de contratos de locación de obra celebrados con personas que solo prestaban sus nombres, sin realizar ningún trabajo como contraprestación.
La modalidad se habría desplegado en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, en el primer recinto entre los años 2008-2018; y en el segundo, en el período 2011-2018. Se imputan los delitos de Peculado, Asociación ilícita e Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado.
En los argumentos de la jueza se destacó el afán de precisar que las demandas de la defensa no eran las adecuadas para ser resueltas en la etapa intermedia, en la que se realiza un control de las garantías sin abordar la cuestión de fondo, sino más bien una cuestión de “hecho y prueba” para la cual el debate oral y público es el espacio natural de resolución por confrontación de hipótesis.
La de este miércoles fue el cierre de la etapa en la que las partes acuerdan la evidencia a producir como prueba en el futuro juicio. Este miércoles, la jueza de Garantías de Paraná. Marina Barbagelata, cerró aquella etapa al disponer la remisión de las actuaciones, ordenando la remisión de la causa a juicio. En la audiencia, que duró más de tres horas, la jueza desarrolló sólidos y claros argumentos respondiendo a cada uno de los planteos defensivos, que fueron rechazados en su mayoría.
Parcialmente La oposición que Barbagelata acogió, si bien en forma parcial, consistió en un legajo que comenzó a investigar el fiscal José Arias en Concordia e involucró a personalidades relevantes de aquella ciudad, por la presunta adquisición de manera irregular de un loteo. Si bien esta investigación se archivó en el fuero ordinario, donde comenzó a sustanciarse por el delito de Encubrimiento, se trasladó al fuero federal donde sigue su curso pero por el presunto delito de Lavado de Activos.
La jueza rechazó los planteos de oposición a la incorporación de aquel legajo que formularon las defensas, que cuestionaron que la evidencia del legajo del fiscal Arias no tenía nada que ver con la que se estaba produciendo en este, y que los delitos investigados eran distintos.
Barbagelata desestimó aquellos argumentos e hizo lugar a los de Fiscalía, que sostuvo que no pretendía incorporar aquella evidencia sino a los testigos, puesto que Arias comenzó a investigar una causa en la que están sospechados familiares y testaferros que están imputados en el legajo de los Contratos Truchos, además de que la modalidad de comisión del legajo de Arias exhibía relación con la modalidad de inversión que Fiscalía les imputa a los acusados en este legajo: que el producido ilegal se blanqueaba en inversiones inmobiliarias y agrícola-ganadera.
La jueza entendió que la pertinencia de los testigos se corroboraba en que en el juicio podrán ser interrogados y contrainterrogados por las partes y aportar al esclarecimiento de determinadas modalidades de comisión delictiva señaladas por Fiscalía. Contratos, expedientes y contratados Barbagelata admitió como evidencia los contratos investigados y los testimonios de los contratados.
La jueza señaló que la posición de las defensa resultaba “contradictoria” porque por un lado sostienen que los contratos son legales y legítimos, por otro alertan sobre la posibilidad de que los testigos-contratados puedan autoinculparse. Así, volvió a destacar que el juicio oral será el momento de debatir hecho y prueba y realizar en control de la prueba.
Sobreseimientos: afuera La jueza comenzó la jornada dando los argumentos por los que resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de Ariel Faure, contador del estudio Asesoría Integral, espacio del de los tres contadores que integraban el estudio contable, uno fue sobreseído, se trata del contador Héctor Gustavo Falco, y el otro, el contador Guido Krapp, accedió a una Probation.
Según Fiscalía, Faure oficiaba de “nexo” o “comodín” entre los responsables contables de las Cámaras legislativas y los auditores del Tribunal de Cuentas (TC), además de realizar tareas de reclutamiento, administración y gestión de cobro de cheques y pago. Barbagelata también rechazó los planteos de las defensas de cinco auditores del Tribunal de Cuentas (TC) que están imputados del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado.
Se les imputa que no cumplieron con el rol que les asigna la Ley de control efectivo de los actos administrativos por una alegada relación de amistad o cercanía con los responsables de los departamentos contables de las Cámaras. Fiscalía acusa de los empleados legislativos, eran controlados y eran quienes decidían y remitían a los fiscales auditores una “muestra” de contratos a controlar. Entendió que en el juicio se podrán dar los debates sobre la evidencia que acreditaría aquella sospecha.
La jueza rechazó los planteos de exclusión de evidencia colectada en la causa que investigó a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, que son cuñados, en el legajo que se conoció como Causa Imprentas y fue uno de los cinco hechos que se dirimieron en la causa que condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Baéz.
Al igual que en el caso de la causa de Concordia, entendió que Fiscalía no pretende extrapolar evidencia ni ningún otro punto de aquella causa, sino interrogar a testigos.
Entendió que era importante para la causa que se debata sobre la modalidad de pago que tenían Aguilera y Almada, con los empleados particulares de las imprentas que el juicio determinó que eran de Aguilera y no de testaferros, quienes pagaban con contratos de la Legislatura -según anotaciones que se recabaron en los allanamientos que se realizaron en 2016 por otros hechos y otras hipótesis- a sus empleados.
Acción Civil La jueza también rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva para llevar adelante la acción civil que las defensas levantaron contra la Fiscalía de Estado (FE), que representa los intereses del Gobierno de Entre Ríos y pretende recuperar el producido del presunto ilícito. Barbagelata resolvió incorporar el informe contable que realizó un perito del Ministerio Público Fiscal (MPF) que fue muy cuestionado por las defensas.
Como con otra evidencia, entendió que los argumentos defensivos no alcanzaron para conmover los de los fiscales. La jueza rechazó los pedidos de incorporación de entrevistas periodísticas a contratados, diputados y ex funcionarios.
Respecto a las esposas no imputadas de acusados, a testigos contratados y familiares de acusados, la jueza rechazó su exclusión y sostuvo que las primeras declararan porque tienen vínculos comerciales con sus parejas y otros imputados, y los segundos, porque no son familiares alcanzados por la prohibición de declarar en contra de un familiar y porque tal facultad se le deberá hacer conocer en el juicio.
La jueza también destacó que no hubo un accionar ilegal de Fiscalía en relación a la entrevista a un testigo con diagnóstico en salud mental y dispuso incorporar un cuerpo de escritura del aquel –que era contratado- porque estuvo asistido por un abogado y durante varios años la defensa no realizó ningún planteo sobre el tema.
Los 18 imputados que permanecen en la causa e irán a debate por distintos roles, de acuerdo al papel que les atribuye Fiscalía dentro de la presunta organización, son Flavia Marcela Beckman y su pareja, Hugo Mena; Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera –que ya tiene una condena en la causa en que se condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y al ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, por cinco hechos de corrupción-, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider, informó el sitio APFDigital.