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El episodio ocurrió durante el gobierno de Gustavo Bordet, cuando Laura Stratta —actual presidenta del bloque peronista en Diputados— era ministra de Desarrollo Social. La Justicia allanó supermercados y encontró más de 2.000 paquetes de azúcar pertenecientes a partidas oficiales que estaban siendo comercializados.
El escándalo por el manejo de los recursos destinados a la asistencia social en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo. Un antecedente ocurrido durante la gestión de Gustavo Bordet vuelve a poner bajo la lupa el sistema que funcionó durante años en la provincia.
En 2019, cuando Laura Stratta estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia investigó la comercialización de alimentos adquiridos por el Estado provincial para asistencia social que habían terminado a la venta en supermercados de Paraná.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Francisco Malvasio y derivó en distintos procedimientos y allanamientos. En uno de ellos fueron secuestrados más de 2.000 paquetes de azúcar pertenecientes a partidas oficiales de Desarrollo Social.
El dato más grave era el estado de los productos: los envases tenían borrada o alterada la leyenda “prohibida su comercialización”. La investigación judicial buscaba determinar cómo alimentos que debían ser distribuidos por el Estado entre los sectores más vulnerables habían terminado en las góndolas de comercios.
Stratta era en ese entonces la máxima responsable política del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente es diputada provincial y presidenta del bloque Más para Entre Ríos, principal bancada opositora al gobierno de Rogelio Frigerio.
El episodio vuelve a poner en discusión los controles que existían sobre los alimentos destinados a los sectores más vulnerables de Entre Ríos y cómo productos adquiridos con fondos públicos y expresamente identificados como no comercializables pudieron terminar siendo vendidos en supermercados.
El Gobierno provincial sostiene que este tipo de antecedentes refuerza la decisión de avanzar hacia un sistema con licitaciones públicas abiertas, competencia entre empresas, trazabilidad de las compras, mayores controles y estándares nutricionales homogéneos.
Frente a estos hechos, la discusión empieza entonces a invertirse: la pregunta ya no es solamente por qué se decidió cambiar el sistema, sino cómo pudo funcionar durante tantos años con semejantes fallas de control.