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La presentación judicial fue impulsada por el diputado santafesino Esteban Paulón. Advirtió que si no se respeta el fallo de la Corte, iniciará acciones penales. En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El diputado nacional Esteban Paulón intimó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en rigor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En la presentación, además de recordarle el fallo de la Corte Suprema de Justicia, exigió que el ministro coordinador informe fehacientemente el cronograma y los plazos de ejecución “sin trampas ni atajos”. “Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir”, sintetizó el legislador en alusión a las gestiones de Guillermo Francos y Manuel Adorni, los anteriores jefes de Gabinete. Luego, advirtió que no “no es una sugerencia”, y recordó que la Ley 27.795 fue votada por el Congreso de la Nación dos veces.
Asimismo, adelantó que de no haber novedades respecto a la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, Paulón procederá con acciones judiciales y penales por los “delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, se peleó con la oposición, afirmó haber hablado con autoridades de la Secretaría de Educación y adelantó que los giros presupuestarios, establecidos en la ley vigente, se realizarán el 15 de julio.
Cabe recordar que después del decreto que suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional fue a la Justicia y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó cautelarmente el inmediato cumplimiento de la Ley 27.795, referidos a la actualización de las remuneraciones del personal docente y no docente universitario y de las becas estudiantiles, decisión confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
